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Santo Domingo. – Un total de  2,097 regulaciones administrativas vigentes, y 1,873 trámites y servicios, fueron los resultados del diagnóstico de RD+SIMPLE, una iniciativa del gobierno que busca mejorar la eficiencia de las instituciones públicas, a través de la agilización de los procesos, mejoras en las regulaciones y el fomento a la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas, con el fin de poner en marcha un Plan Nacional de Mejora Regulatoria que permita elevar la calidad regulatoria, simplificar los trámites y reducir sus tiempos y costos.

 

De 53 entidades públicas que fueron evaluadas, se determinó que el costo social de las regulaciones asciende a 197 mil millones de pesos, representando el 5.6% del PIB.  Este costo no incluye las tasas por servicios ni las contribuciones obligatorias establecidas por leyes especiales. También se comprobó que el 60% de la carga regulatoria recae en solo 10 trámites, entre los que se destacan los registros sanitarios, la mecanización agrícola y la solicitud de exequátur profesionales.

 

La estimación del costo social de las regulaciones se realiza en función del tiempo que se destina a realizar un trámite o recibir un servicio, tomando en cuenta el proceso para recolectar los requisitos exigidos y el tiempo que tarda la institución en dar respuesta. Esta estimación fue realizada por la Dirección de Análisis Regulatorio (DAR) del Consejo Nacional de Competitividad, con el apoyo metodológico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México (CONAMER).

 

Además, se incluyó en este levantamiento la realización de un inventario regulatorio, que permitió conocer la cantidad de las regulaciones administrativas vigentes, así como un proceso de consulta pública a empresas y asociaciones empresariales; y se encuestaron más de 800 ciudadanos, para conocer de primera mano cuales son las regulaciones, trámites y servicios más complejos.

“Ante estos resultados, hago un llamado a reflexión a los reguladores sobre su rol e impacto en los ciudadanos y los sectores productivos, pero también, quiero llamarlos a tomar acción para revertir esta situación y evitar que muchas de las regulaciones vigentes sigan generando trabas y mayores costos”, precisó Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo de Competitividad.

“Lo que se mide, mejora`”, enfatizó Paz. Además, informó que en los próximos meses se pondrá en marcha un Plan Nacional de Mejora Regulatoria, que comprenderá la revisión y actualización del inventario regulatorio presentado hoy, así como la incorporación de nuevas instituciones al levantamiento de regulaciones, trámites y servicios.

 

 Sobre el Plan de Mejora Regulatoria

 

La mejora regulatoria es una política de alto impacto en la economía nacional,  y es el primer pilar de la Agenda Dominicana Competitiva, que se denomina Facilitación de Comercio. Por su gran relevancia se creará un Plan de Mejora Regulatoria Integral que priorizará las siguientes seis instituciones públicas:  Ministerio de Salud Pública, Agricultura, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dirección General de Impuestos Internos, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Además el plan incluirá la priorización alta de los 10  trámites de mayor costo y la media de 70 trámites correspondientes a 37 instituciones públicas adicionales.

 

“Iniciaremos mesas de trabajo con las instituciones involucradas, a los fines de verificar las recomendaciones derivadas de estos resultados y aplicarlas. Esto es, eliminar las que deban ser eliminadas y simplificar las que puedan ser simplificadas”. Describió Paz.

“En esta segunda etapa de RD+SIMPLE, incluiremos 40 nuevas instituciones, que nos permitirán analizar, aproximadamente, unos 700 trámites adicionales, de acuerdo a estimaciones preliminares”, informó el director ejecutivo del Consejo.

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