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Santo Domingo- Después de 20 años aplicando la Ley 28-01 para el Desarrollo Fronterizo, no se ha logrado un impulso de las actividades productivas de la industria y por tanto se mantiene el proceso de éxodo de la población dominicana de esa región estratégica para la soberanía nacional, afirmó un experto del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Adrian Lebrón Oviedo, director de Regímenes Especiales del Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales del MICM, dijo que “una política de incentivos especiales para la frontera es perfectamente procedente desde el punto de vista legal y necesario desde el punto de vista social, productivo y de seguridad nacional”.

Durante una ponencia en el Primer Foro Nacional sobre las Zonas Francas y los Regímenes Especiales “Caminando hacia la competitividad”, celebrado la semana pasada en esta capital, Lebrón Oviedo expresó que las provincias han mostrado históricamente un menor desarrollo relativo al resto del territorio nacional, situación que ha generado una paulatina despoblación de ese territorio estratégico para la seguridad nacional.

El funcionario, de acuerdo a una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM, manifestó que ante esa realidad se diseñó y aprobó la Ley 28-01 para incentivar el desarrollo fronterizo, pero cuando está a punto de finalizar el régimen de incentivos para la inversión en las siete provincias de la frontera.

Apuntó que hasta 2019 solo se han instalado 77 empresas, fundamentalmente del sector agroindustrial y agropecuario, por lo que no se han generado suficientes fuentes de empleo como para lograr el objetivo de que la población de la frontera se mantenga o se incremente.

Lebrón Oviedo dijo que después de la aplicación de la política de incentivos, en todas las provincias hay menos población.

En cuanto al aprovechamiento de los incentivos por provincias, el experto señala que “el 58% de las empresas se encuentran establecidas en la provincia de Monte Cristi. Un 32% se encuentran distribuidas entre Santiago Rodríguez y Dajabón. Le sigue un 6% establecidas en Bahoruco y el restante 4% se encuentran entre Independencia y Elías Piña”.

Lebrón Oviedo indicó que a pesar de la no emisión de permisos para instalación de nuevas empresas bajo la Ley 28-01 en los últimos 3 años, en el 2019 se registró un incremento de 407 nuevos empleos con relación al 2017.

“El 59% de los empleos totales se encuentra concentrado en la provincia de Monte Cristi, seguida de Santiago Rodríguez con un 28% de los empleos, Dajabón un 8% y el restante 5% distribuidos entre Bahoruco, Independencia y Elías Piña”, expuso el funcionario del MICM.

Mejorar y mantener los incentivos fronterizos

Lebrón Oviedo expresó que la visión del Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales es la de que se debe mejorar la ley y la infraestructura de la región para garantizar que esta vez se instalen industrias y se fomente el empleo productivo.

Recordó que los legisladores de la frontera están empeñados en que se prolongue el régimen de incentivos, por lo que favoreció que en la discusión se incluyan nuevos elementos que contribuyan a la instalación de más empresas.

Entre las modificaciones necesarias, a juicio de Lebrón Oviedo, están, repensar los instrumentos que contiene la ley, para perseguir incentivar la actividad productiva, mirando cuales actividades deben ser incentivadas  y cuáles no.

Considera que el Estado debe conciliar dos objetivos: generar empleos en una región estratégica a la vez que garantiza la sostenibilidad fiscal.

Además, se requiere eliminar posibles distorsiones en el mercado interno vía mantener una coherencia impositiva, por lo que “debemos repensar los instrumentos que contiene la misma, para perseguir incentivar la actividad productiva, mirando cuales actividades deben ser incentivadas  y cuáles no”.

Entre los elementos que debe contener la nueva ley, el Viceministerio sugiere modificar la composición del Consejo de Desarrollo Fronterizo, sin la participación de los legisladores, pues esta función administrativa del Congreso choca con las facultades ejecutivas constitucionales del Poder Ejecutivo.

Igualmente, que se extienda el periodo de aprovechamiento de las exenciones fiscales por el plazo  que sea determinado por la política de exenciones del Estado.

Además, que se haga adscripción formal de la Oficina Técnica del Consejo de Desarrollo Fronterizo y su  Dirección Ejecutiva al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes como una sectorial dentro de su estructura orgánica.

Considera que es necesario establecer al Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, como presidente del Consejo de Desarrollo Fronterizo, siguiendo el modelo administrativo del Consejo Nacional de Zonas Francas.

Se debe, por igual, alinear los incentivos a Estrategia Nacional de Desarrollo, en el sentido de hacerlos consistentes con el desarrollo de una política industrial, la competitividad y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Propone fortalecer el proceso de fiscalización y control de las operaciones de las empresas acogidas al régimen fronterizo.

Señala que ante el hecho de que el 89%  de las  empresas e inversión están concentrados en las provincias del Norte de la frontera,  resulta relevante considerar una diferenciación de las exenciones, para tratar de compensar la disparidad de ambas subregiones y evaluar posibles incentivos diferenciados para el Norte y el Sur.

Y finalmente, sugiere fortalecer la capacitación de los recursos humanos de las empresas para mejorar su potencial competitivo a largo plazo.

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