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SANTO DOMINGO (República Dominicana).-En la audiencia del Caso Odebrecht, el Ministerio Público continúa incorporando pruebas con su testigo número 12, la analista Marielys Abad Díaz, relativas a informes financieros de los imputados Conrado Pittaluga Arzeno y Roberto Rodríguez Hernández.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fiscal Mirna Ortiz, explicó que desde el día de ayer vienen incorporando informes que reflejan los movimientos financieros que han tenido ellos (los imputados) en las cuentas y en los productos financieros que están registrados en el mercado normal de valores.

“Una prueba en sí misma no conlleva a una condena, lo que conlleva a condena es la unión armónica de todas las pruebas, y eso es lo que vamos a hacer cuando finalicemos todo el proceso de incorporación de las pruebas”, dijo Ortiz, al contestar preguntas de los periodistas que cubren el proceso judicial.

En ese mismo orden, enfatizó “las pruebas no se pueden ver una a una, las pruebas se tienen que ver todas en su conjunto; porque prueban hechos o circunstancias; ahora estamos probando algunos elementos que nos van a llevar luego a poder tener un argumento sólido cuando las unamos con otros elementos de prueba”.

La fiscal Mirna Ortiz forma parte del equipo litigante que representa al Ministerio Público en el juicio y que encabeza el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.

El abogado Conrado Pittaluga Arzeno y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez Hernández, son procesados por los US$92 millones en sobornos pagados por la Constructora Norberto Odebrecht en República Dominicana para ser favorecida con contratos de obras gubernamentales.

Por este caso también son procesados el empresario Ángel Rondón Rijo, el también exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García, y el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón.

Con las pruebas que el Ministerio Público está incorporando en el proceso busca demostrar que los encartados se enriquecieron de manera ilícita producto de sus actividades con la empresa brasileña, en violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.

El Ministerio Público destaca en un comunicado de prensa el avance del proceso en la presentación de las pruebas a cargo y dijo que continuarán incorporando más evidencias a través de sus testigos, que son 28 en total.

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