El Aguacatico, Tamayo.- Después de más de cien días de instalarse en un campamento para impedir que les sigan demoliendo sus cultivos, los agricultores de El Aguacatico, en Tamayo, iniciaron un proceso conversatorio con diferentes representantes del gobierno en procura de soluciones al conflicto que los enfrenta al Consorcio Azucarero Central CAC), arrendatario del Ingenio Barahona, que reclama las tierras.
Ese diálogo fue realizado a intención de Pablo Ulloa, el Defensor del Pueblo; así como de Eliferbo Herasme, director ejecutivo de la Unidad Coordinadora de Proyecto de Desarrollo Agroforestal (UCPDA), una dependencia de la Presidencia de la República.
Por parte del gobierno participaron en la última sesión fueron el ministro interino de Agricultura, Freddy Acosta; el director del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), Iván Hernández Guzmán; y el Defensor del Pueblo.
Por el sector de los agricultores estuvieron Héctor Turbí, de la Articulación Nacional Campesina (ANC); Manuel Pérez, uno de los voceros y quien representa también al Movimiento Campesino Lemba; Benjamín Batista, de la ANC; Pedro Pascual, de la Asociación de Agricultores El Aguacatico Bayahonda; y de la Asociación San José Lucía, de Guanarate.
Los productores agrícolas que trabajan y cultivan sus predios por 80, 90 y hasta 100 años durante varias generaciones de sus familias, pero que el CAC reclama sus tierras, de muchas de las cuales tienen sus títulos, además de ser beneficiarios de los derechos por la ocupación por tantos años.
Los inversionistas extranjeros, asimismo, estima esas parcelas en 11,000 tareas, “cuando se trata de pequeños conucos de 20, 30 y hasta 50 tareas”, dijo Pérez.
El Estado arrendó las tierras al CAC, las tierras de El Aguacatico y no está dispuesto a modificar esos acuerdos para evitar conflictos jurídicos internacionales, dijo Acosta a los productores agrícolas.
“Eso es falso. no hay ninguna información oficial que pruebe que el Estado le haya arrendado nuevas parcelas al CAC en la zona del El Aguacatico, fuera del viejo contrato de arrendamiento del Ingenio”, dijo Hécor Turbí.
Aseguró que Acosta tiene una confusión. “El último documento firmado por el gobierno a través del CEA con el CAC fue la enmienda número 3, donde se consigna que el CAC solo tiene 141,197 tareas”, precisó.
En esa parte que cita el ministro de Agricultura interino están incluidos los agricultores que tienen hasta más de 80 años de labor y los 43 de una porción que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) había cedido para un proyecto al extinto obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Fabio Mamerto Rivas, en 780 tareas; más otros productores individuales, que en total suman 110 productores.
Así, en esa área hay 2,1000 tareas, que incluyen una parte s cultivadas con plátanos, maíz, limones, cocoteros y otros rubros.
Fue descartada la propuesta de la construcción del canal del “proyecto del obispo”, el desmonte de algunas parcelas de esa zona y el apoyo para que sean cultivadas por los 110 productores por los agricultores, lo mismo de los casos de 400 campesinos sin tierras que están en el campamento en reclamo de tierras.
De acuerdo con Pérez, la propuesta que realiza el gobierno es reubicarlos en otras parcelas aun pendientes de identificar.
Con una visión fijada en los alcances de la presa de Monte Grande, en construcción, otras 400,000 tareas serían integradas a la producción.
“Y toda esa tierra no puede ser adjudicada a nadie que no sean los campesinos para cultivarlas, menos a una empresa extranjera, para que ensanche su monocultivo de la caña”, dijo Pérez.
El diálogo.- “Esto, vista toda esa entrega de poderes al CAC, resultó en un fracaso”, proclamó acongojado Pérez, quien había sido en principal contacto y mejor animador del diálogo, el cual considera el mecanismo más civilizado para dirimir todas las diferencias, por encarnizadas que aparenten.
La percepción de Pérez se sustenta en lo que a su entender constituye la “evidente” impotencia del gobierno en general y de su equipo agropecuario, en particular, por tocar al CAC “aun sea con el pétalo de una rosa”.
Fueron once las reuniones, las sesiones del diálogo, según Benjamín Batista, con enviados del presidente Abinader e, incluso, con el equipo agropecuario oficial, “para que en la última ocasión confesaran que nada se podrá hacer para no afectar a esos inversionistas extranjeros”.
Expectativas catastróficas.- Enrique González, de la Asociación de Campesinos sin Tierra de Vicente Noble y representantes del campamento El Aguacatico que estuvo en la reunión realizada en el Ministerio de Agricultura, no es persona de mucho hablar.
No obstante, dijo en la reunión que de cerrarles todas las brechas, las consecuencias caerían en el presidente Abinader.
“Y anótenlo: Abinader cargará con el peso de los muertos que resulten”, sentenció González.
