Santo Domingo- El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó con penas de entre 20 y 10 años a cinco hombres que integraban una red dedicada al tráfico de migrantes y trata de personas hacia Estados Unidos, Europa y Canadá.
Francisco Gregorio Mencía Estrella y Miguel Antonio Coronado Peña fueron condenados a 20 años y al pago de 20 salarios mínimos cada uno; Joel Tomas Aquino Fermín a 15 años y al pago de 15 salarios mínimos; José Ramón Almánzar Pérez fue sentenciado a 12 años y al pago de 12 salarios mínimos, y Senaldo Antonio Estévez Taveras cumplirá una pena de 10 años de prisión con una multa de 10 salarios mínimos.
La condena fue posible tras el tribunal acoger como válidos los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, que asignó a los hechos los cargos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, sancionados por la Ley No. 137-03.
También, por violación al artículo 13 de la Ley No. 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral, así como el artículo 10 de la Ley No. 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología, y la violación a los artículos 139, 147, 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Según el expediente, el 26 de marzo de 2016 fue iniciada una investigación a través de la cual se pudo determinar la existencia de un grupo delictivo organizado y dirigido por Mencía Estrella, quien se encargaba de coordinar todo el proceso para dotar a “clientes” de la documentación falsificada necesaria que, posteriormente, otros miembros de la red se encargaban de acompañar hasta el aeropuerto para sacarlos del país.
El grupo de malhechores operaba desde 2015, logrando hacer viajar a varias personas, principalmente menores de edad, por los aeropuertos Internacional de Las Américas y Punta Cana, cobrando entre USD$20,000.00 y USD$25,000.00 dólares por cada persona traficada.
Tras una labor de inteligencia, las autoridades lograron frustrar el trasiego de dos víctimas en fechas separadas. Uno de los casos ocurrió el 16 de octubre de 2016 cuando intentaron sacar del país a un adolescente de 17 años a través de la aerolínea Jet Blue, por el AILA, con un pasaporte falso a nombre de Rafael Antonio Fernández, siendo el menor retenido por las autoridades.
El Ministerio Público en coordinación con los demás organismos y agencias investigativas, realizó unos seis allanamientos en Santo Domingo Este, durante los cuales fueron decomisados documentos públicos, pasaportes, sellos, timbres, papel sellado del Estado falsificados, así como documentos de doble identidad.
Además de los condenados, que cumplirán la sentencia condenatoria en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, otros dos integrantes de la red figuran en rebeldía y son perseguidos por las autoridades.