La petición fue realizada por una comisión de juristas encabezada por el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, y depositada en el Congreso Nacional a través de una carta dirigida a los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Pérez y de la Cámara de Diputados, Radhames Camacho.
El gremio que agrupa a los abogados sugirió la modificación de los artículos 171, 176, 177, 178,212 y 247 de la Constitución de la República.
Miguel Surun Hernández explicó que los cambios sugeridos en el artículo 171 son para establecer que el Procurador General de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos sean nombrados por el Senado por un período de siete años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados y permanecerán en el cargo hasta que sean sustituidos.
Asimismo planteó a los legisladores la modificación de los artículos 176 y 177 de la Carta Magna para que se establezcan mayores garantías en el sistema de defensa pública y asistencia legal gratuita.
Mientras que el 178 propone modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura e incluir al Colegio de Abogados como miembro, por ser la institución que protege los derechos y deberes de sus miembros y que aplica la disciplina en el ejercicio profesional de todos ellos.
El gremio que agrupa a los abogados también sugirió el cambio del artículo 212 de la Carta Magna con el objetivo de fortalecer los roles de la Junta Central Electoral y propone la creación de una Procuraduría Electoral Especializada cuya función será dirigir la investigación en material de los Crímenes y Delitos Electorales.
Además recomendó la modificación del artículo 247 que trata sobre el Control Interno, para que se establezca que el Contralor General de la República sea nombrado por el Senado por un período de siete años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados y permanecerá en el cargo hasta que sea sustituido.
Surun Hernández explicó que con estas propuestas se crean mecanismos que refuerzan la independencia e inamovilidad del Procurador General de la República y del Contralor General de la República, como mecanismos efectivo de prevención y lucha contra la corrupción administrativa.
Calificó como necesario impulsar un cambio estructural que garantice la plena vigencia del Estado de Derecho, y sobre todo de la salud institucional de la República Dominicana.
