San Juan.- EFE- Al menos 20 heridos y 16 detenidos es el balance de las dos semanas de manifestaciones en el Viejo San Juan para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, según un reporte presentado este lunes por varias ONG, que denuncian un “evidente exceso de uso de fuerza del Estado”.
La cifra aparece en una documentación preliminar que preparó la organización local Kilómetro Cero, junto con la Unión Americana de Libertades Civiles, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), la Brigada Legal SolSidaria, Amnistía Internacional Capítulo de Puerto Rico y el Instituto Caribeño de Derechos Humanos.
Tras las protestas, Rosselló anunció, finalmente, el pasado miércoles su renuncia ante el escándalo desatado por su participación y la de algunos de sus de sus asesores en un polémico chat en el que se burlaban de rivales políticos, artistas y miembros de la comunidad LGBT.
“Hemos creado este informe con gran sentido de urgencia. Es un documento preliminar y vivo. Es decir, estará en constante desarrollo. Seguimos recibiendo y confirmando información sobre los casos que ya hemos identificado o sobre otros nuevos”, expresó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
Las personas resultaron heridas específicamente durante las protestas desarrolladas entre el 11 y el 25 de julio frente a La Fortaleza, sede del Ejecutivo, donde cientos de personas se manifestaron para exigirle a Rosselló que renunciara, tras la publicación del chat privado.
Durante esas dos semanas de protestas, la Policía detuvo a 16 personas, según la documentación preliminar de intervenciones y casos.
De acuerdo con el documento publicado en la página web de Kilómetro Cero, al menos 43 personas resultaron afectadas por acciones de la Policía durante los actos de protesta.
Los incidentes reportados incluyen macanazos, disparos de municiones de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos, golpizas, daños a la propiedad y otras agresiones.
El informe resalta cinco denuncias relacionadas con el mal manejo de las multitudes, el uso desproporcionado de fuerza por parte la Policía e intimidaciones de agentes del orden público en las redes sociales.
Narváez explicó que para este documento se utilizaron fuentes diversas, como entrevistas personales, una encuesta de uso de fuerza creada por Kilómetro Cero -que fue revisada con entrevistas-, informes de prensa escrita y gráfica, testimonios visuales y textos publicados en las redes sociales, relatos de observadores, activistas y de abogados que apoyan o defienden a los manifestantes detenidos.
“Al mirar los vídeos, fotos y testimonios de esta documentación, es evidente el exceso de uso de fuerza del Estado en el contexto de una actividad protegida como es la protesta, la desproporción de sus ataques a manifestantes, que no representaban amenaza alguna, y su violencia e incompetencia al arrestar manifestantes”, añadió.
Por su parte, el presidente de la CAAPR, Edgar Román, agregó que “los derechos civiles, en particular el derecho a la protesta, son esenciales a la democracia. El abuso de la fuerza policíaca es una ataque frontal a cualquier noción de democracia”.
Las organizaciones involucradas en el informe, por otro lado, consideraron adecuado que se documenten los daños que hayan recibido también los agentes del orden público durante la jornada de protestas.
El informe señala, por otro lado, que “no todo uso de fuerza de parte de la Policía es excesivo, pues la Uniformada está autorizada a ejercer la fuerza contra la ciudadanía en situaciones de peligro inminente a la vida o integridad física o cuando no es posible realizar un arresto de otro modo, entre otras circunstancias en que el uso de fuerza de parte del Estado es actualmente legal”. EFE
