La comunidad de El Cachón ha alzado su voz en contra del supuesto saneamiento de terrenos llevado a cabo por una compañía vinculada al empresario Mayker González. Este proceso, rodeado de irregularidades, ha generado un grave impacto ambiental y social, desatando la indignación de los residentes y organizaciones defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.
Recientemente, se registró un segundo evento de daño ambiental en la zona, donde maquinarias pesadas ingresaron a terrenos cercanos al río El Cachón, provocando la deforestación de bosques nativos y la contaminación de fuentes de agua. Domingo Feliz, líder comunitario y portavoz de los afectados, declaró: «Estamos siendo testigos de una destrucción sistemática de nuestro entorno. No solo están acabando con nuestros recursos naturales, sino que también están violando nuestros derechos como comunidad.»
Los comunitarios han documentado evidencias del daño, incluyendo fotografías y videos que muestran la tala indiscriminada de árboles y el vertido de desechos en áreas protegidas. Estas acciones, según expertos ambientales, podrían tener consecuencias irreversibles para la biodiversidad de la región.
El caso ha estado marcado por una serie de irregularidades en los procesos judiciales. Se ha denunciado la presencia de testaferros que actúan en nombre de Mayker González, utilizando empresas pantalla para adquirir terrenos de manera irregular. Estas prácticas, según abogados especializados en derecho ambiental, podrían constituir un fraude a la ley y una violación de los derechos de propiedad de los comunitarios.
Además, las denuncias apuntan a la posible complicidad de autoridades gubernamentales en estos hechos. Según documentos obtenidos por organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de alto nivel habrían facilitado permisos y autorizaciones irregulares para las operaciones de la compañía.
Ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades, los residentes de El Cachón y líderes comunitarios han decidido convertirse en parte civil en el caso. Con el apoyo de abogados especializados en derechos humanos y medio ambiente, han presentado una demanda formal en la que exigen la suspensión inmediata de las operaciones de la compañía, la reparación de los daños ambientales y la investigación de todos los involucrados.
Domingo Feliz afirmó: «No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a luchar hasta que se haga justicia. Esto no es solo por nosotros, sino por las generaciones futuras que merecen un medio ambiente sano y libre de corrupción.»
El caso ha generado preocupación a nivel nacional e internacional, con organizaciones como Amnistía Internacional y Greenpeace exigiendo acciones concretas por parte del gobierno dominicano. Estas organizaciones han destacado la importancia de proteger los derechos ambientales y comunitarios frente a intereses privados que priorizan el lucro sobre el bien común.
La lucha de los comunitarios de El Cachón es un ejemplo de resistencia frente a la impunidad y la destrucción ambiental. Con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, buscan no solo detener las acciones de la compañía, sino también sentar un precedente para la defensa de los derechos ambientales y comunitarios en República Dominicana.
