ESPAÑA. EFE- El Gobierno español planea impedir por ley la venta y matriculación a partir del año 2040 de automóviles y vehículos comerciales ligeros con emisiones “directas” de dióxido de carbono, entre ellos todos los de motor diésel y de gasolina.
Así consta en el borrador de la ley de cambio climático y transición energética que prepara el Ejecutivo socialista, informaron hoy fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica a un grupo de periodistas.
Esto afecta a todos los vehículos que utilizan un motor de combustión tradicional, como los de gasóleo o los de gasolina, pero también a los automóviles propulsados por otros sistemas que, aunque en menor cantidad, también emiten dióxido de carbono (CO2), como los híbridos, los de gas natural (GNC) o los de gas licuado del petróleo (GLP).
Según las previsiones del Gobierno, en el año 2050 estaría prohibida la circulación de todos los turismos que emiten de forma directa este contaminante.
Igualmente se prevé que el sistema eléctrico español evolucione progresivamente hasta basarse exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050 y en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 90 por ciento con respecto a los niveles de 1990 para asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, según las fuentes ministeriales.
La norma que prepara el Ejecutivo incide en la importancia de promocionar la movilidad “sin emisiones” y en que este es uno de los cambios más relevantes que se deben acometer durante las próximas décadas para conseguir la “descarbonización” completa de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI.
Para ello, el borrador de la ley fija como objetivo alcanzar, en el año 2050, un parque de automóviles privados y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono.
La ley establecería, además, la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes tendrían que contar con “zonas de bajas emisiones” antes del año 2023.
Respecto al transporte por carretera, el Gobierno tiene previsto redactar un estudio sobre impuestos que graven a los vehículos pesados de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras viarias.
La norma sobre cambio climático y transición energética prevé, además, fijar como obligatorio la instalación de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes en distintos plazos y en función de su volumen de ventas.
La propuesta del Gobierno, según las fuentes ministeriales, es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en el año 2050 ya no podrán circular.
Francia también anunció que prohibirá la venta de coches que emitan gases de efecto invernadero ese mismo año. Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030, y Noruega, en 2025. EFE
