NUEVA YORK.— Hace casi dos años, cuando los procuradores federales estadounidenses presentaron en un inicio su caso en contra de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante mexicano apodado el Chapo, dijeron que él había personalmente asesinado u ordenado el asesinato de miles de personas en México durante su liderazgo del Cártel de Sinaloa.
En los siguientes meses, esa cifra se redujo para empatar solamente con los casos para los cuales tenían evidencia. Y a principios de octubre, los fiscales condensaron aún más sus números a una cantidad manejable, aunque aun así preocupante: dijeron que planeaban presentar pruebas durante el juicio de Guzmán Loera de que estuvo involucrado en los homicidios de 33 personas.
Sin embargo, el martes —seis días antes del inicio del juicio, el 5 de noviembre—, el juez a cargo, Brian Cogan, dijo que incluso esa lista recortada era “inmanejable”.
Aparentemente exasperado con la idea de recibir los testimonios para tantos asesinatos, Cogan les dijo a los procuradores en Manhattan que no necesitan detallar todos los asesinatos de los que habría sido parte el Chapo para dejar en claro la violencia de su presunta operación de delincuencia organizada. También advirtió a los fiscales que si la presentación de los cargos se enfocaba demasiado en el derramamiento de sangre terminaría por hacerlos concluirla.
“Este es un caso de conspiración para traficar drogas que involucra homicidios”, dijo Cogan durante una audiencia en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn. “No voy a dejar que lo enjuicien como un caso de conspiración para asesinar que involucra drogas”.
“Tomen los cargos más sólidos y recorten el resto”, añadió.
Desde el inicio, en el caso en contra de Guzmán Loera ha habido evidencia abundante. Pese a un apodo alusivo a su corta estatura, como figura es enorme: los papeles redactados por los procuradores para el caso lo describen casi como el mayor criminal del siglo XXI.
Prevén presentar cientos de miles de fotografías y documentos durante el juicio, que empieza el lunes con la selección del jurado. Tienen apuntados a por lo menos dieciséis testigos —muchos de ellos excolaboradores del líder del cártel— para que declaren en el estrado en contra del Chapo.
En tanto, los abogados del mexicano se han dedicado durante las últimas semanas a quejarse con Cogan de que no se les ha dado el tiempo necesariopara revisar a fondo toda la evidencia recopilada en contra de su cliente para defenderlo de la mejor manera.
A principios de octubre presentaron una moción en la que acusan al gobierno de abrumarlos con 117.000 grabaciones de audio y 14.000 nuevas páginas de archivos. Para demostrar que estaban repletos de papeles que no habían podido revisar, llevaron algunos de los documentos ante el tribunal la mañana del martes y los pusieron en una fila sobre una mesa: veintitrés carpetas en total.
El juez Cogan rechazó su solicitud para retrasar, de nueva cuenta, el proceso (ya había dado prórrogas en dos ocasiones). También reprochó que tanto la defensa del Chapo como los procuradores lo han inundado con nuevas solicitudes de último minuto y llamadas “apanicadas”. Les urgió a calmar los ánimos.
“No creo que litigar a partir de la histeria y con frenesí sea la mejor manera de atender el caso”, dijo Cogan.
The New York Times
