Santo Domingo- La Corte de Apelación de esta jurisdicción ratificó las condenas de 20, 15 y 10 años de prisión dictadas en contra del exdirector de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), dos exfiscales y varios exmiembros de la Policía, acusados de la sustracción de 950 kilogramos de cocaína en el año 2014.
El tribunal confirmó la sentencia de 20 años de prisión dictada contra el exdirector general de la DICAN, coronel Carlos Fernández Valerio; al exmayor de la Policía Luciano Gómez Cabrera, y al exfiscal Máximo Antonio Díaz Ogando, en tanto que el exsargento Pedro José Almánzar González fue condenado a 15 años de prisión.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público indicó que el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo condenó al grupo en primera instancia en el mes de septiembre del año 2016, tras declararlo culpable de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la categoría de traficante y varios artículos del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos de asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos.
Los condenados ocuparon la droga durante un allanamiento realizado en el residencial Michel, del ensanche Isabelita II, el 27 de septiembre del año 2014, y no la reportaron ni en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ni en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
El Ministerio Público expresó que, pese a que en este caso no se encontró la droga, gracias al esfuerzo realizado por este órgano persecutor y la labor constante de seguimiento, se logró que los acusados fueran condenados y que ahora a más de tres años de haber iniciado el proceso se lograra la ratificación de dicha sentencia.
Al mismo tiempo, dijo que con la ratificación de esta sentencia se fortalece tanto el régimen de consecuencias respecto al delito, así como la lucha contra el flagelo del narcotráfico en el país.
En ese sentido, el órgano persecutor destacó que el combate del tráfico de drogas es una de las prioridades de la institución y que implementan medidas con la colaboración de las demás autoridades nacionales y la cooperación internacional para enfrentar con más eficacia esta actividad ilícita del crimen organizado.