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Santo Domingo- El Gobierno dominicano acumula atrasos en sus pagos por el remanente de la deuda que mantiene con Venezuela, por el esquema de Petrocaribe, debido a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a la nación sudamericana.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el gobierno central no ha podido hacer efectivos los pagos desde septiembre del año pasado porque el banco corresponsal —en Estados Unidos— no los tramita y los devuelve a República Dominicana.

Para febrero pasado ya se habían acumulado retrasos en el pago a Petróleos de Venezuela (PDVSA) por US$2.71 millones de dólares del saldo principal, más US$290,000 por intereses.

Casi todas las transferencias internacionales deben procesarse a través de una institución financiera en Estados Unidos, llamada banco corresponsal, pero el Gobierno dominicano dice en su balance de la deuda que “el monto en atraso del Gobierno Central corresponde a pagos al acreedor PDVSA, los cuales fueron devueltos por el banco corresponsal debido a sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela”.

República Dominicana todavía mantiene una pequeña deuda con Venezuela por los envíos de hidrocarburos recibidos a través de Petrocaribe. Al cierre de febrero pasado, de acuerdo a los datos oficiales, se adeudaban US$239 millones a Venezuela, de los cuales US$77.8 millones correspondían a Petrocaribe.

En enero de 2015 el entonces ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, anunció que República Dominicana había pagado por adelantado US$1,933 millones de la deuda por Petrocaribe, cantidad que representaba casi la mitad del total, que entonces ascendía a US$4,027 millones. El pago de los US$2,094 millones restantes fue condonado por el gobierno venezolano. Tras esa operación la deuda bilateral con Venezuela se mantuvo en torno a los US$240 millones que se fueron pagando hasta que Estados Unidos aplicó las sanciones a finales de agosto del año pasado.

En 2016 PDVSA traspasó sus deudas en República Dominicana al Banco Central venezolano, en una operación contable que se hizo efectiva, a efectos locales, en agosto de 2017.