Santo Domingo- La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), se mostró alarmada y preocupada por los datos arrojados por el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que ubica al país, con una corrupción generalizada, donde impera el soborno, el tráfico de influencia, la escasa aplicación de las leyes de propiedad industrial e intelectual; obstáculos burocráticos; procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados a nivel local, el manejo discrecional de aduanas en las valoraciones de las importaciones y el galopante y descomunal endeudamiento público; entre otros males.
La entidad cívica lamentó que, pese a los esfuerzos sostenidos del actual gobierno, fundamentalmente en la persecución penal de la corrupción, con innúmeros sometimientos y otros en cursos, estos se vean opacados por la práctica clientelar y hasta cultural y generalizada de un accionar, poco ético y transparente en el manejo de la cosa pública.
La corrupción extendida afectaría la competitividad del país y nos dejaría fuera de beneficios internacionales.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, reveló que el incumplimiento por parte del estado de una serie de compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, dejan muy mal parado al país, haciéndolo pasible de condenas que le prohíben y limitan el acceso y beneficio en el ámbito de la cooperación internacional, de ayudas y recursos, que al día de hoy pudieran servir para ir conjurando los efectos de la pandemia.
La FJT urgió al Estado dominicano a implementar políticas públicas, que en el corto tiempo puedan conjurar y diezmar los males que refiere el informe de los Estados Unidos, que además nos coloca en una posición de desventajas en la recepción igualitaria de Tratados internacionales de Libre Comercio, frente a los demás países suscribientes que pueden objetarnos los productos objeto de intercambio comercial en condiciones, bajo el alegato del no cumplimiento de una serie de estándares internacionales, fundamentalmente en materia de competitividad y combate a la corrupción.
La organización de sociedad civil urgió al gobierno a analizar y reflexionar sobre los recientes resultados del informe, planteando grandes retos y una vergüenza internacional para el país, de cara al turismo; además de la afectación general de la competitividad y consecuentemente la actividad económica y la inversión extranjera.
FJT propone crear un ministerio de transparencia y ética pública, ley de extinción de dominio y sistema de protección de testigos que denuncien la corrupción.
De acuerdo con Potentini, es urgente la aprobación de la ley de Extinción de Dominio, como única herramienta efectiva para recuperar los bienes robados por la corrupción administrativa, por tratarse de un mecanismo de naturaleza civil y autónomo, para fuera del juzgamiento penal, recobrar los bienes públicos defraudados por la corrupción, máxime cuando estudios sobre los bienes reivindicados, por cualquiera de los medios procesales ordinarios, hoy dan cuentas de que apenas, solo se recupera el 1% del patrimonio llevado entre las garras de la corrupción.
Asimismo, considera oportuno, el incluir en el nuevo Código Penal, un esquema de protección de testigos para empleados públicos y ciudadanos que denuncien la corrupción, por tratarse de un compromiso internacional derivado del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento e Implementación (Mesicic).
De igual forma se hace indispensable que el estado dominicano disponga de una amplia campaña nacional permanente de concientización de la necesidad de instaurar una nueva cultura de transparencia en la vida de los dominicanos, tanto pública como privada, incluyendo desde ya, la previsión en el Currículum escolar, como materias obligatorias, la ética, transparencia e integridad pública y la moral y cívica.
Finalmente, la FJT propuso ponerle los pantalones largos a la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, creando y elevando a la categoría de ministerio, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), bajo la denominación de Ministerio de Transparencia y Ética Pública, integrando como vice ministerios, el tema de gobierno abierto, la rendición de cuentas gubernamental, las contrataciones públicas y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, con ello reingenierizando y cohesionando en una sola y armónica dirección todos los esfuerzos en materia de política anticorrupción.
