Santo Domingo, República Dominicana – El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables, a través de su director Manuel Meccariello, expresó su firme respaldo a la reciente implementación de la Política de Protección de Datos por parte del Poder Judicial dominicano. Esta medida, calificada como un avance significativo, refuerza la privacidad y la transparencia en el sistema judicial, al tiempo que asegura la protección de datos sensibles de las personas involucradas en procesos legales.
Una respuesta ética y técnica al manejo de datos sensibles
En un mundo altamente digitalizado, la nueva política aborda la vulnerabilidad de la información personal en el ámbito judicial, estableciendo estándares claros para la disociación y anonimización de datos personales. Estos mecanismos, como el uso de iniciales en sentencias y documentos públicos, buscan proteger la intimidad de las partes, testigos y demás actores del sistema judicial.
Manuel Meccariello destacó la relevancia de esta iniciativa al recordar casos donde la exposición de datos sensibles comprometió derechos fundamentales:
«Como Observatorio Hemos sido testigos de cómo, se han publicado datos sensibles, como condiciones de salud de personas con VIH u otras enfermedades, o incluso nombres y direcciones de familiares de menores de edad. Esta situación es inaceptable y no puede seguir ocurriendo.»
Equilibrio entre privacidad y acceso a la información pública
La política no solo refuerza la protección de datos, sino que también promueve la transparencia, garantizando que el acceso a la información pública no vulnere la dignidad de las personas. Al implementar estándares uniformes en todo el sistema judicial, esta iniciativa asegura que los avances tecnológicos y de digitalización contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho.
Meccariello subrayó el impacto de esta política en la construcción de un sistema judicial más humano:
«La publicación de decisiones judiciales debe garantizar el acceso a información relevante sin comprometer los derechos fundamentales de las personas. Este es un equilibrio necesario para construir un sistema judicial confiable y digno.»
El Observatorio de Derechos Humanos reitera su apoyo a este paso trascendental y hace un llamado a que otras instituciones adopten políticas similares para seguir avanzando en la protección integral de los derechos fundamentales en la República Dominicana.
