El presidente dominicano Luis Abinader, fue mencionado junto a otros 13 gobernantes del mundo en una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y que serían titulares de cuentas en paraísos fiscales.
El bufete panameño, Alcogal, es de nuevo protagonista en una investigación periodística internacional en la que es tildado de «un imán para los ricos y poderosos (…) que buscan ocultar riqueza en el extranjero», entre ellos tres expresidentes de Panamá, el actual mandatario de Ecuador o el rey de Jordania.
De Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) proceden «más de dos millones» del total de 11,9 millones registros confidenciales de bufetes de abogados y proveedores de servicios extraterritoriales acopiados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en el informe los Papales de Pandora, difundido este domingo.
La indagación señala también al presidente ecuatoriano Guillermo Laso, además de otros 11 exjefes de Gobierno latinoamericanos e innumerables autoridades políticas de todo el mundo que escondieron millonarias fortunas para no pagar impuestos.
«Un análisis de ICIJ de los registros» de los papales de Pandora «encontró que a raíz de las revelaciones» en 2016 de los papales de Panamá, la filtración de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, ya extinto, «al menos 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal».
El consorcio periodístico indicó que «Alcogal también ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios en la historia reciente de América Latina, incluida la operación global de soborno del gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA (ahora conocida como Novonor), el escándalo de corrupción del fútbol internacional conocido como Fifagate y el presunto saqueo de los bienes públicos venezolanos».
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, negó este domingo haber «participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta» del megaproyecto minero Dominga, una operación por la que fue señalado por evasión en la reciente investigación Pandora Papers.
«Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia», en marzo de 2010, afirmó un comunicado de su oficina.
La última investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) apunta a que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del polémico proyecto minero Dominga, que vendió a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano en una operación que ocurrió parcialmente en las Islas Vírgenes Británicas.
«Los hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito (…) y la falta de participación del presidente», esgrimió la oficina presidencial.
Según el comunicado, ni el presidente ni su familia poseen ahora sociedades de inversión constituidas en el extranjero, aunque en el pasado sí fueron dueños de empresas domiciliadas en Chile que «fueron accionistas de sociedades en el exterior».
«La existencia y su participación en esas sociedades fue informada desde el inicio a las autoridades regulatorias, cumpliendo en plenitud con la ley y pagando todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile», agregaron desde La Moneda, sede presidencial.
Según el ICIJ, Piñera y su familia fueron los principales accionistas de Dominga hasta 2010, cuando el presidente llevaba nueve meses en el poder para su primer mandato no consecutivo (2010-2014) y se produjo la venta de la totalidad del accionario de la empresa a Délano por 152 millones de dólares.
Una parte de la transacción se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo con Ciper, el medio chileno que colaboró en la investigación con el consorcio.
En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.
El megaproyecto minero Dominga, ubicado en el centro-norte del país, se aprobó el pasado agosto por una comisión ambiental y el apoyo de diez secretarios regionales ministeriales, después de haber sido rechazado en 2017 por el Gobierno de la expresidenta socialista Michelle Bachelet y por un tribunal ambiental.
Tras una reclamación de la empresa responsable del proyecto, Andes Iron se dio luz verde a la criticada iniciativa, que busca construir una mina de hierro y cobre que produzcan más de 150.000 toneladas minerales.
Piñera, que posee una de las mayores fortunas del país y dejará el poder en marzo de 2022, es uno de los tres presidentes latinoamericanos en activo salpicados por esta investigación, que ha vuelto a remecer al mundo después de los Papeles de Panamá de 2016.
Los «Pandora Papers» contaron con la participación de 150 medios de comunicación de todo el mundo y 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos. EFE
