Al cumplirse esta semana 20 años de la revolución chavista, el saldo que ha dejado la violencia resalta porque se escribe con sangre. En las últimas dos décadas más de 300.000 venezolanos fueron asesinados, lo que arroja un promedio de al menos 41 homicidios por día.
La mortuoria cuenta la lleva el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), una organización no gubernamental que investiga los índices delictivos junto a varias universidades en vista del oscurantismo con que el régimen maneja estos datos.
«Hace 20 años tuvimos 4.550 homicidios al año (…) y el año 2018 tuvimos 23.000 muertes violentas», reportó el director de la ONG, Roberto Briceño León, tras recordar que hubo años más violentos que el pasado, como 2016, cuando la cifra de víctimas fue de 28.000.
Este incremento ha hecho que la tasa de homicidios pasara de 19 por cada 100.000 habitantes en 1998 a 81,4 el año pasado, lo que ubica a Venezuela en la parte más alta de las listas mundiales de violencia, superando a algunos países que viven conflictos armados.
«En 20 años lo que hemos tenido es una tendencia creciente de los homicidios, especialmente los catalogados como resistencia a la autoridad», un apartado que engloba a quienes «sin juicio y sin condena, mueren a manos de la policía».
Esta práctica, explica Briceño León, es la más preocupante, pues arrojó un total de 5.500 asesinatos en 2017 y subió a 7.500 en 2018, es decir, «cada día del año en el país fallecieron 20 personas a manos de la policía y de los militares».
Los índices delictivos se dispararon en el país caribeño sobre todo entre 2004 y 2012, años en los que la nación registró sus mayores ingresos por concepto de explotación petrolera y tiempo en el que el Gobierno aseguró haber distribuido esa riqueza para eliminar la desigualdad entre pobres y ricos.
Sin embargo, durante el sexenio gobernado por Nicolás Maduro más de 100.000 venezolanos engrosaron la lista de víctimas mortales de la violencia y aumentaron los casos de «resistencia a la autoridad» con la implementación de acciones policiales y militares bajo el nombre de «Operación de Liberación del Pueblo».
Al ahondar sobre las características de las víctimas y los victimarios, los informes del OVV reflejan una semejanza innegable: casi todos son hombres, jóvenes y pobres.
Según estos datos, más del 60% de los asesinados en los últimos 20 años (cerca de 200.000) tenían entre 14 y 29 años cuando perdieron la vida, en tanto que el 90% eran hombres y más del 80% vivían en la pobreza.
Del lado de los victimarios, las características son muy similares, con el alarmante dato sobre la edad de incorporación a la delincuencia, que ha ido bajando hasta los 12 años, aunque abundan casos de antisociales con 10 y 11 años.
Aunque el delito más común en Venezuela es el robo, la violencia es medida principalmente por los asesinatos, pues las víctimas de los ladrones, cada vez en mayor medida, optan por no reportar flagelos menores.
Esto ocurre, según el OVV, debido a la impunidad «casi absoluta» que impera en el país, donde en el 92% de los casos de homicidios «no hay ni siquiera una persona arrestada».
Otra consecuencia de esa falta de respuesta por parte de las instituciones es el uso de la «justicia privada», que ha incrementado en los últimos años los casos de linchamiento y de asesinatos por encargo, «que ocurren en situación de impunidad y pérdida del Estado de derecho».
Además, la violencia y la crisis económica nacional son los catalizadores indiscutibles de la masiva migración de venezolanos en los últimos 20 años que, según estimaciones, ha llevado a unos cinco millones de personas a abandonar el país con las mayores reservas probas de petróleo del mundo.
«El no sentirse seguro, el haber sido víctima de un atraco, de un secuestro (…), primero afectó a la clase media alta, luego a los trabajadores (…), en los últimos tres años (animó) la salida masiva de sectores populares», sostiene Briceño León sobre este éxodo, que ha incluido, advierte, la migración de algunos delincuentes.
Los antisociales «no encuentran mercado y posibilidades en el país (…), ya no hay personas a quien robar», y por ello deciden emigrar hacia «otros destinos para continuar sus fechorías», al mismo tiempo que decenas de miles de venezolanos dejan su país para «huir del hambre».
El OVV considera que la veintena de planes de seguridad aplicados por la llamada revolución bolivariana desde 1999 no han sido efectivos y «no han tenido como propósito mejorar la seguridad», sino mantener al chavismo en el poder.
Infobae
