Santo Domingo- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), valoró los cambios que viene desarrollando el Ministerio de Educación, al tiempo de apoyar la designación de los 18 directores regionales, medida que ha desatado una polémica entre la institución educativa y la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores.
En un comunicado, Finjus dijo que el Ministerio de Educación actuó apegado a la legalidad al usar los mecanismos que le otorga la Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97 para producir esa selección, utilizando los procedimientos adoptados en la Ordenanza No. 24-2017 que Reglamenta el Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales.
“Ajustándose a su contenido, el Ministerio encomendó a una Comisión de Expertos el estudio de los expedientes de los 149 candidatos presentados y posteriormente el ministro realizó la designación correspondiente. De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio, los profesionales seleccionados responden a los criterios de idoneidad y competencia que la Ley y la Ordenanza plantean”, indica el comunicado de la entidad.
Posterior a este Proceso, algunos directivos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han anunciado que desconocen la decisión del Ministerio de Educación y desde el pasado viernes 2 de marzo han iniciado acciones para impedir que las personas designadas puedan acceder a sus despachos y funciones.
Entiende que esa actitud constituye una vulneración del derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes de República Dominicana.
Esta actitud antidemocrática es la que exhiben en ocasiones algunos gremios en el área del transporte que ha llegado a obstaculizar el libre tránsito y han entorpecido el normal desenvolvimiento de los muelles del país.
En ese sentido, exhortó al Ministerio de Educación a tomar todas las medidas legales que sean adecuadas para garantizar el derecho fundamental a la educación en la sociedad dominicana, procediendo a elevar los recursos necesarios en la jurisdicción correspondiente para poner un alto a estas actitudes que dañan gravemente a los más pobres del país.
Ningún sector puede atribuirse una posición de juez y parte en los conflictos que se originan en una sociedad democrática, colocándose por encima del ordenamiento jurídico y erigiéndose en propietario de la verdad y la razón.
Para la institución, es el momento de enfrentar esta grave situación que se está abriendo con firmeza y apego total al debido proceso y los procedimientos legales y constitucionales vigentes.
