Santo Domingo, Rep. Dom., 01 de mayo del 2021.- La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), rechazó la justificación de los presidentes de la cámara de diputados y de su comisión de justicia, Alfredo Pacheco y Alexis Jiménez respectivamente, sobre las complacientes y benignas penas contempladas en el recién aprobado proyecto de código penal, para el crimen de la corrupción, previsto en el artículo 303 del proyecto, con penas máximas, de 2 a 3 años de prisión.
Para la entidad de sociedad civil resulta un contrasentido, el que el actual y viejo código penal vigente, contempla penas de hasta diez años para la corrupción, planteándose una clara involución, en momentos donde el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con Abinader a la cabeza, viene dando notaciones de un compromiso serio en contra de la corrupción administrativa, con un ministerio público, actuando con independencia y varias iniciativas en curso, desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Contrataciones Públicas y otras instancias del gobierno.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, lamentó la visión errada y la falta de orientación de los diputados Pacheco y Jiménez, al considerar que por el cúmulo de penas, en materia de corrupción y por los posibles delitos concurrentes, siempre habrá un castigo mayor a los tres años, pudiendo llegar a los 60 años como prevé el código, desconociendo con ello, que el instituto de derecho penal (cúmulo de penas), tiene un alcance general, extensivo a todas las infracciones; en cuya lógica bastaría que todos los delitos sólo se castigarían con penas de dos a tres años.
Potentini explicó que hoy día la lucha contra la corrupción, trasciende la propia República Dominicana, con compromisos internacionales y convencionales; además de su raigambre constitucional, al proscribirla en los artículos 140 y siguientes.
Finalmente, Justicia y Transparencia instó a los diputados, a corregir el perturbador y decepcionante yerro, contemplando penas de hasta 20 años por los delitos de corrupción, con la posibilidad de ser aumentadas por efectos del cúmulo de penas; además de desempolvar el proyecto de ley que ha perimido, unas 7 veces en la cámara de diputados, sobre la extinción de dominio, una herramienta efectiva para incautar y recuperar los bienes robados.
