SANTIAGO DE CHILE.- EFE- La Justicia militar chilena investigará la filtración a la prensa de una serie de escuchas telefónicas llevadas a cabo por la Inteligencia del Ejército en 2017 a cuatro militares que denunciaron presuntas irregularidades en el seno de ese estamento.
Así lo informó este lunes el ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, quien calificó como “delicado” que se filtren las labores que realizan los servicios de inteligencia del país.
El ministro dijo a la prensa tras conocer las informaciones de prensa que hablaban de esas escuchas telefónicas, “acordó de inmediato que ese hecho (la filtración de las escuchas) debía ser investigado y lo remitió al Segundo Juzgado Miliar para hacer una exhaustiva investigación”.
Además, Espina comentó que solicitó a la Fiscalía Militar que se haga parte en esta investigación.
Algunos medios locales informaron este de domingo que el capitán Rafael Harvey Valdés, el exteniente Carlos Farías Ramírez, el exsargento Juan Pablo Díaz Pino y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes fueron objeto de escuchas telefónicas en 2017 por la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).
Los cuatro funcionarios militares, dos en retiro, habrían sido denunciantes de supuestos hechos irregulares en el seno del Ejército.
En aquel momento, el comandante en jefe del Ejército era Humberto Oviedo (2014-2018), procesado por malversación de fondos públicos por unos 6,75 millones de dólares provenientes de gastos reservados.
Espina dijo que consultó al actual comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Marcelo Martínez, quien le aseguró que “las acciones de inteligencia, cuando tienen por objeto las escuchas de conversaciones, han sido todas ellas autorizadas por un ministro de la Corte de Apelaciones, quien requiere los antecedentes, los analiza y ve si corresponde”.
“Toda información sobre inteligencia, por expreso mandato de la ley, cuando se refiere a la intervención de escuchas, se hace con autorización de un juez civil, son operaciones que la ley califica de secretas”, reiteró el ministro para explicar que las escuchas que se filtraron se hicieron dentro del marco legal con la autorización de la Corte de Apelaciones.
Asimismo, insistió en que “divulgar estas acciones de inteligencia constituye un delito penal grave con pena de cárcel”.
El ministro explicó que las labores de inteligencia se llevan a cabo para obtener información útil del extranjero, para resguardar la soberanía nacional y para obtener informaciones de potenciales acciones que pudieran estar llevándose a cabo en perjuicio de la defensa nacional.
Según las informaciones de prensa, el Ejército argumentó la necesidad de escuchar a los cuatro investigados porque podrían estar entregando información que afectaba a la propia institución y la seguridad nacional. EFE
