Santo Domingo- Nuestro país tiene una huella histórica imborrable de fenómenos naturales que han ocasionado daños a través del tiempo. Muchos de estos eventos, debido a distintos factores sociales, económicos y políticos que aumentan nuestra vulnerabilidad como país, se han convertido en desastres, de los cuales poco a poco hemos aprendido, convirtiendo la reducción del riesgo de desastres es un tema importante en República Dominicana.
Desde el huracán George en 1998, se ha visto el esfuerzo en aumentar la capacidad del Estado para hacer frente a los desastres; iniciando con la promulgación de la Ley 147 en el 2002 sobre Gestión de Riesgos, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, hasta el reconocimiento del Marco de Sendai en 2015, República Dominicana ha mostrado su interés en la protección de todos y todas en emergencias.
Sin embargo, es importante comprender que no solo es gestionar el riesgo de que un evento adverso nos afecte, también deben hacerse los esfuerzos para que todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad tengan la certeza de que sus derechos en momentos de emergencia estén salvaguardados contra situaciones de abuso, coerción o privación, y que la asistencia luego de un evento les sea brindada de acuerdo a sus necesidades.
“Es esencial empoderar a las mujeres y las personas con discapacidad para que encabecen y promuevan públicamente enfoques basados en la equidad de género y el acceso universal en materia de respuesta, recuperación, rehabilitación y reconstrucción.” Prioridad 4 del Marco Sendai 2015-2030
Igualdad de género y los desastres
En República Dominicana existen varios factores que hacen que las niñas, adolescentes y mujeres en el país estén en condición desigual frente a sus pares del sexo opuesto. En el más reciente informe sobre desigualdades entre mujeres y hombres llevado a cabo por el Centro de Estudios del Género de INTEC en marzo de 2018, se evidencian condiciones que van desde la diferencia en la tasa de desempleo (para las mujeres fue de 22.7% y en los hombres se estima en 10.7%), el acceso restringido a información y servicios de salud sexual y reproductiva, hasta las altas tasas de embarazo adolescente (20.3%).
Asimismo, dentro del grupo de personas viviendo en pobreza, de acuerdo con este informe, las mujeres son el segmento más vulnerable, al estimarse en 6.35% la proporción de mujeres que viven en pobreza extrema a nivel nacional, frente al 5.58% de hombres. En cuanto a la violencia, siendo el feminicidio la dimensión más visibilizada, se calculan 177 en promedio por año del 2005 al 2017.
La relación entre estos datos y la reducción de riesgo de desastre recae en que, en contextos de emergencias, todas las situaciones de desigualdad, abuso y violencia tienden a exacerbarse; de acuerdo con el estudio “Mujeres y niñas en Contexto de Desastres” realizado por Plan Internacional y Oxfam en 2013, son las mujeres y niñas quienes se ven más afectadas por estas amenazas – es decir, no solo les afecta el fenómeno natural, sino que se agregan riesgos relacionados a las acciones del ser humano.
El estudio indica que, en los albergues, a pesar de ser principalmente ocupados por mujeres, niñas y niños durante la emergencia, no responden a sus necesidades específicas que permitan la protección frente a la violencia, las necesidades de salud sexual y reproductiva, atención psico-social o el apoyo al cuidado de los hijos/as.
Con los niveles de disparidad evidenciados en los párrafos anteriores, se entiende entonces como inminente no es solo el entendimiento estas desigualdades y las necesidades específicas de cada población, sino también la integración de las capacidades de todos y todas como eje clave para lograr una gestión y reducción efectiva del riesgo ante desastres.
Acciones concretas
Un paso importante para la inclusión de las necesidades y la participación no solo de las voces de las mujeres y niñas sino de todos los demás grupos potencialmente vulnerados, ha sido la creación del Equipo Consultivo de Protección, Género y Edad de la Comisión Nacional de Emergencia en 2016.
Amparado en el artículo 13 de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, esta es una plataforma interinstitucional y multisectorial que tiene como principal objetivo coordinar acciones para la protección, garantía y cumplimiento de los derechos humanos en contextos de emergencia, especialmente los derechos de poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, liderado por las instituciones del Estado con mandato de protección, entre ellas, el Ministerio de la Mujer.
Integrar a las mujeres en los espacios de toma de decisiones puede impactar considerablemente las acciones de reducción de riesgo en las comunidades, estos espacios les permiten que, junto con los hombres, puedan organizar y fortalecer a sus comunidades con acciones que reduzcan la exposición y el riesgo no solo ante amenazas naturales, sino también aquellas que son causadas por el ser humano.
Es fundamental que la comunidad agregue en la agenda de gestión de riesgos el conocimiento sus derechos y las rutas críticas de denuncia y asistencia en situaciones de violencia, explotación o abuso, eso hará la diferencia a la hora de que sea necesario reivindicar los derechos de personas afectadas por una de estas amenazas en un contexto de emergencias.
Los comunitarios y comunitarias suelen ser la primera respuesta de sus vecinos ante un evento adverso, las capacidades de todos y todas cuentan.
Jahnna Jiménez es la oficial de protección del proyecto Aprendiendo de Irma y María del Consorcio Ponte Alerta, compuesto por las organizaciones Plan International-Oxfam-Hábitat para la Humanidad-Humanity & Inclusion que se implementa con fondos de la Unión Europea.
