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La Justicia venezolana se puso al servicio de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, a la que pidió implementar penas hasta de 50 años para castigar a quienes incurran en delitos como “traición a la patria” o robo en cualquiera de sus modalidades.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, acudió ante los más de 500 constituyentes en Caracas para “subordinarse” ante el órgano plenipotenciario que lo ratificó en el cargo, así como al resto de magistrados, algunos de los cuales son tachados de ilegítimos por el Parlamento, de mayoría opositora.
