La decisión sobre la indemnización pone punto y final a esta disputa de ambos países ante el tribunal internacional
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) impuso este viernes a Nicaragua el pago de 378.890,59 dólares a su vecino Costa Rica por los daños causados durante la ocupación militar en 2010 de isla Portillo.

La decisión del tribunal con sede en La Haya (Holanda), que pone fin a una de las varias disputas fronterizas entre ambos países centroamericanos, representa además la primera en la que fija una indemnización por daños medioambientales.

En concreto, la corte de Naciones Unidas impone a Managua el pago de 120.000 dólares por la degradación o la pérdida de bienes y servicios medioambientales y otros 2.708,39 por los gastos de restauración de ese humedal protegido y conocido en Nicaraguacomo Harbour Head.

El monto total está no obstante muy alejado de los 6,7 millones de dólares reclamados por San José por los gastos incurridos para recuperar ese espacio protegido por la Convención Internacional Ramsar.

Tras la lectura de la decisión, el agente nicaragüense ante la CIJ, el embajador Carlos Argüello, celebró la “justa” decisión de los magistrados, que adjudicaron a Costa Rica “un 5%” de lo que pretendía.

“El presidente Daniel Ortega había dicho que Nicaragua estaba dispuesta a compensar lo justo y razonable, pero (…) la demanda de Costa Rica era completamente exagerada”, indicó a la AFP Argüello.

La decisión sobre la indemnización pone punto y final a esta disputa de ambos países ante el tribunal internacional, que en diciembre de 2015 otorgó el territorio disputado a Costa Rica.

La corte estimó entonces que “al excavar tres caños en 2013 y establecer presencia militar en la zona en disputa, Nicaragua violó las obligaciones emitidas por la corte el 8 de marzo de 2011”.

Los magistrados dejaron en manos de ambos países negociar una indemnización por los daños materiales ocasionados por esa violación, pero, ante la falta de acuerdo, Costa Rica solicitó a la CIJ fijar el monto.

Las autoridades nicaragüenses deben abonar la cantidad, que incluye también 236.032,16 dólares por los gastos vinculados a las actividades ilegales de Nicaragua en territorio costarricense, antes del 2 de abril de 2018.

“Esto ya quedó concluido y ya le damos vuelta a la página y espero que esto vaya ya limpiando el camino para que nuestras relaciones vuelvan a ser lo más hermanables posibles”, agregó el agente nicaragüense.

La resolución de la corte llega horas antes de que deba pronunciarse sobre otro caso que opone a ambos países centroamericanos, en concreto, la definición de sus límites marítimos tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico.

Los magistrados deben resolver, además, un reclamo formulado por Costa Rica posterior al fallo de 2015, debido a que Nicaragua desplazó un puesto fronterizo de Laguna Portillo a la playa de isla Portillo que, para San José, fue delimitado como parte de su territorio.