BARAHONA: El aspirante a síndico por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos García López, solicitó al alcalde Noel Suberví Nin, rendir un informe económico de los más de mil 600 millones que ha recibido desde agosto del 2002 hasta diciembre del 2018.
García López, hizo el pedido durante un conversatorio en el restaurant “María Montez”, con dirigentes comunitarios y profesores donde explico la cantidad de recursos económicos que ha manejado la alcaldía en el periodo 2002-2018.
Manifestó que el ejecutivo municipal, tiene la obligación de rendir un informe sobre la forma que ha utilizado los ingresos recibidos del Presupuesto del Estado, como lo establece la Ley-176-07 en su artículo 246, que dice “Los servidores públicos de los municipios tienen la obligación de responder ante los ciudadanos por su trabajo, donde expliquen a la sociedad sus acciones, y aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mismas”.
El aspirante peledeísta manifestó que con los recursos que ha recibido el síndico Suberví Nin, pudo haber resuelto el caos en el tránsito, construido aceras y contenes, asfaltar varios kilómetros de calles, un matadero, un mercado público.
Además, señalizado las calles, corregido el drenaje pluvial, colocado semáforos inteligentes, iluminado la ciudad, implementado un buen sistema de recogida de basura, darle mantenimiento a los parques y plazas públicas, apoyado los deportes, la educación, salud y equidad de género.
Reitero que la presente gestión municipal de Suberví Nin, ha recibido del Presupuesto del Estado y de los proventos municipales la suma de 1,687,821,182.69 millones de pesos desde agosto de 2002 hasta diciembre del 2018, sin que la población conozca donde han sido invertidos esos recursos.
No cumple con la Ley 176-07
El dirigente político dijo que tampoco el alcalde está cumpliendo con la Ley 176-07 es su artículo 21, que establece como se destinan los fondos del ayuntamiento que son el 25% para gastos de personal, el 31% para realización de actividades, funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales.
Además, al menos el 40% para obras de infraestructura, adquisición y modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles, incluyendo gastos de preinversión e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social; y un 4% dedicado a programas educativos, género y salud.
Señaló que la violación de este artículo es sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión y con el pago de indemnizaciones.
