A lo largo de las últimas dos semanas, Estados Unidos, con el apoyo de varios países de América Latina, ha reconocido el gobierno del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y le ha dado el control sobre los ingresos derivados del petróleo del país. Al hacerlo, ha entrado en un juego peligroso con el ejército venezolano sobre qué cede antes: abandonar al presidente Nicolás Maduro o enfrentar la devastación de la economía venezolana. El mensaje es crudo: cambia de régimen o muere de hambre.
Estados Unidos actúa con su bravuconería usual al asumir que todo terminará pronto: Maduro se irá, se levantarán las sanciones y Venezuela y Estados Unidos se beneficiarán. Maduro es despreciado ampliamente dentro y fuera de Venezuela, así que muchos países se están alineando con la estrategia del gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, los riesgos que este plan conlleva son extraordinarios. El gobierno de Estados Unidos está suponiendo muchas cosas: que el ejército está a punto de cambiar de bando; que lo hará de una manera disciplinada; que Maduro carece de apoyo popular; que los aliados extranjeros de Venezuela, en particular, China, Cuba y Rusia, no tienen el interés, la voluntad ni los medios para respaldar a su aliado; y que “ya lo pasado, pasado”, después de un cambio rápido de régimen.
Estas suposiciones podrían ser correctas, pero con mucha facilidad también podrían ser incorrectas. El ejército venezolano podría resultar ser un defensor férreo de Maduro o podría dividirse en fuerzas pro-Maduro o anti-Maduro. Las fuerzas populares chavistas podrían congregarse detrás del líder del chavismo, a pesar de la hambruna y la hiperinflación generalizadas. La violencia civil podría hacer erupción. Los aliados extranjeros de Maduro podrían encontrar los medios para defender sus propios intereses —por ejemplo, sus reclamos sobre el petróleo de Venezuela— al apoyar o demorar el cambio de régimen.
El historial de Estados Unidos como agente que contribuye al cambio de régimen es muy deficiente. En Afganistán, increíblemente, está negociando un acuerdo de paz con los talibanes después de dieciocho años de guerra encabezada por los estadounidenses con el fin de derrocar a las fuerzas terroristas talibanes. Las intervenciones en Irak, Siria y Libia también han provocado un conflicto continuo. No hay ninguna garantía de que Venezuela vaya a ser diferente.
La espiral de violencia y caos podría comenzar de forma inminente. Al requisar el único salvavidas de Venezuela para el suministro de alimentos y equipo para los yacimientos petroleros, Estados Unidos ha encendido el detonador. De acuerdo con los estimados del gobierno de Trump, las sanciones le costarán a la economía venezolana 11.000 millones de dólares en ingresos perdidos del petróleo, el equivalente a un 94 por ciento del gasto que realizó el país en la importación de productos en 2018. Es probable que el resultado sea una catástrofe económica y humanitaria de una dimensión nunca antes vista en nuestro hemisferio.
Nosotros instamos encarecidamente a que haya una estrategia alternativa, una que parta de una transición del poder negociada en lugar de una que se base en un juego para ver quién se acobarda primero y en el que el ganador se lleva todo. Primero, proponemos que el pueblo de Venezuela no debe ser la víctima de una lucha por el poder entre Maduro y la oposición, ni tampoco entre los actores externos que respaldan a ambas partes.
Por mucho que los enemigos de Maduro odien admitirlo y de hecho lo consideren repelente, el chavismo aún tiene peso político en la sociedad y entre los militares. Por lo tanto, recomendamos una solución mutua en vez de una lucha hasta la muerte. Hace poco, uno de nosotros escribió sobre un caso histórico clave —Polonia en 1989—, donde dos acérrimos rivales, el régimen comunista del momento y el movimiento Solidaridad de la oposición, accedieron a cohabitar en el gobierno durante un periodo de transición de dos años hasta que se realizaran las próximas elecciones presidenciales. En Venezuela, los líderes del gobierno y de la oposición han expresado interés en las negociaciones, sin embargo, los aliados externos también están alentando a cada bando a resistir sin hacer compromisos.
Nada de lo anterior tiene como objetivo justificar o negar la gestión atroz de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro, ni tampoco las evidencias graves de violaciones múltiples y sistemáticas a los derechos humanos por parte de sus fuerzas. Sin embargo, no debemos permitir que la indignación justificada ante estos abusos nos lleve ciegamente a un conflicto prolongado que solo podría aumentar el sufrimiento de los venezolanos. Necesitamos llegar a un entendimiento de que la negociación y los acuerdos son claves para una solución pacífica.
Hacemos un llamado a todas las partes del conflicto político a encontrar puntos en común para evitar el derramamiento de sangre, la hambruna, los millones más de refugiados o las soluciones políticas que dictan fuerzas externas. Creemos que el mundo, y en especial los vecinos del país, deben escuchar a los venezolanos. Con el tiempo, Estados Unidos podría salirse con la suya en una lucha en la que el ganador se lleva todo, pero corre el grave riesgo de que haya un sufrimiento extremo para millones de venezolanos, más allá del gran sufrimiento que han vivido hasta ahora.
Como primera medida, recomendamos que las fuerzas del chavismo y de la oposición se reúnan para insistir en que las ganancias de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera del Estado, se pongan a disposición inmediata del pueblo venezolano para dos aspectos urgentes: el primero es alimentos y medicinas; el segundo es equipo y mantenimiento para los yacimientos petroleros a fin de evitar que colapse la economía venezolana. Con el apoyo de las Naciones Unidas, un comité conjunto del gobierno y la Asamblea Nacional debería ser el que dicte el uso de estas finanzas. Guaidó, a quien Estados Unidos le ha entregado las ganancias del petróleo venezolano, debería sugerir de inmediato una solución de este tipo para la supervivencia y la paz de la nación.
Segundo, ambas partes deberían aceptar que un gobierno interino de expertos ayude a poner fin al colapso económico y la hiperinflación de Venezuela. Este gobierno interino debe tener un mandato limitado hasta lograr una estabilización y recuperación económicas, a fin de llevar al país a nuevas elecciones dentro de uno o dos años. Los líderes del gobierno actual, tal vez incluido Maduro, tendrían un papel limitado y predeterminado en el gobierno interino —por ejemplo, mantener el control de la defensa nacional—, pero sus poderes estarían circunscritos y no incluirían la economía y la reforma del sistema electoral.
El acuerdo también debería incluir el nombramiento de nuevas autoridades electorales independientes, quienes tendrían la labor de reconstruir las instituciones electorales del país para que sea posible realizar elecciones justas y libres. La comunidad internacional, con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debería apoyar estos esfuerzos de estabilización y aceptar que las elecciones se lleven a cabo solo después de que termine la hiperinflación y la reforma a las instituciones electorales, cuando las condiciones sociales y políticas sean adecuadas.
Tercero, el gobierno de transición y el marco para las elecciones futuras se deberían basar en el respeto a la separación de poderes, a la independencia del poder judicial y a la protección de los derechos humanos. Sobre todas las cosas, los países vecinos de Venezuela deberían luchar por una negociación y un acuerdo en vez de buscar políticas en las que el ganador se lleva todo. La recuperación y la paz de Venezuela son las necesidades más urgentes del país y de la región.
The New York Times
