SANTO DOMINGO.- Dirigentes sociales de la provincia Sánchez Ramírez denunciaron que desde el 2013 hasta la fecha el Gobierno del presidente Danilo Medina se ha quedado con más de RD$2 mil 343 millones 96 mil 717 que las comunidades impactadas por la actividad de la Barrick Gold en la mina de Pueblo Viejo debieron recibir por mandato de la Constitución, la Ley de Medio Ambientes y Recursos Naturales y la enmienda al contrato de arrendamiento firmado entre la multinacional y el Estado dominicano.
En el marco del primer “Foro Provincial sobre el 5%”, los activistas aseguraron que hasta principios del 2017 el gobierno del presidente Medina solo había desembolsado a los pueblos de Sánchez Ramírez RD$250 millones (el 9%) de los RD$2 mil 593 millones 96 mil 717 que según la Dirección General de Impuestos Internos y la misma minera Barrick Gold corresponden a las municipalidades de la zona.
“Mientras en la televisión y la prensa habla de apoyo al desarrollo de las comunidades y las provincias pobres como Sánchez Ramírez, el Gobierno nos está privando de los recursos más importantes que tiene nuestro pueblo para diseñar y ejecutar verdaderos proyectos de desarrollo, y de las únicas herramientas que tenemos para evitar que después de que se vaya la Barrick Gold no nos quedemos con las manos vacías y una tierra plagada de enfermedad, contaminación y miseria”, aseguraron los integrantes de la campaña “Nos toca el 5%” al participar del foro celebrado en el Casino Sánchez Ramírez de Cotui.
Recordaron que en marzo del presente año el nuevo presidente de Barrick Pueblo Viejo, Méjico Ángeles, denunció que, en lo que lleva de operaciones y de extracción de oro y plata la empresa, ha pagado al Estado Dominicano US$1,300 millones, dentro de los cuales se incluye el 5% de las utilidades que el gobierno debe transferir a las comunidades aledañas a las operaciones mineras, pero las comunidades no han recibido lo que le corresponde, que serían RD$2 mil 700 millones.
En el foro sobre el 5% participaron representantes de la municipalidad de Sánchez Ramírez, la Cámara Productiva y Comercial, el diputado Ricardo de los Santos y otras importantes figuras locales.
Los organizadores aseguran que para garantizar que los recursos del 5% realmente sean utilizados en proyectos que garanticen el desarrollo humano, social e institucional de las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la campaña han dedicado extensas jornadas de trabajo y concertación al diseño de planes integrales de desarrollo, de los cuales tres han sido respaldados con el voto popular mediante referendos asistidos por la Junta Central Electoral (JCE).
“En los planes municipales de desarrollo la ciudadanía y las autoridades se han puesto de acuerdo para priorizar y diseñar proyectos vinculados a nueve grandes áreas temática: Economía, Producción y Empleo; Recursos Naturales, Medio Ambiente, Gestión y Mitigación de Riesgos; Salud; Deporte; Educación; Cultura; Ayuntamiento; Ordenamiento territorial, y Seguridad Ciudadana”, concluyeron.
