Barcelona. El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana, Rodolfo Valentín, ha sido invitado a participar como expositor en el taller internacional “Hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria frente a delitos menores de drogas: un camino hacia la proporcionalidad y alternatividad”. Este evento, organizado por el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas (COPOLAD) y liderado por la FIIAPP, se lleva a cabo en Barcelona.
El taller forma parte de una iniciativa conjunta entre la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y COPOLAD, destinada a establecer estándares regionales para medidas de proporcionalidad y alternatividad penal frente a delitos menores de drogas. Su objetivo principal es avanzar hacia la creación de un pacto regional que promueva una política criminal y penitenciaria más humanizada y justa, adaptada a los principios de los derechos humanos.
Durante su intervención, Valentín destacó la importancia de la dignidad humana, citando un artículo de la Constitución de la República. “El artículo 38, además de destacar la dignidad como un pilar del Estado, afirma que la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable, y que su respeto y protección son responsabilidades esenciales de los poderes públicos”, señaló.
Valentín enfatizó que, aunque las personas privadas de libertad pierden el derecho al libre tránsito, siguen siendo poseedoras de todos los demás derechos humanos. “Estas personas son un sector vulnerable que frecuentemente es invisibilizado. El sistema de justicia y el ministerio público a menudo tratan a los encarcelados como desechos humanos, olvidando que siguen siendo seres humanos con dignidad”, añadió. “Cuando adoptamos esta visión deshumanizante, fallamos en atender adecuadamente a este sector de la población dentro del sistema de justicia”.
El evento reunió a diversos actores del sistema judicial y penitenciario, así como a representantes de organismos regionales e internacionales, con el propósito de generar un diálogo constructivo y colaborativo que contribuya al desarrollo de políticas más equitativas y efectivas en la gestión de estos delitos.
