Santo Domingo.- El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados denuncia la injusta restricción impuesta a Flor, quien ha sido limitada a ver a su hija Luz, una adolescente de 14 años con discapacidad cognitiva severa, embarazada y sobreviviente de violencia sexual. Luz fue trasladada el 31 de agosto a un hogar de acogida sin que su madre supiera su paradero durante un mes. A pesar de que se le prometieron visitas libres, Flor solo ha podido verla dos veces al mes tras una audiencia realizada el 11 de octubre.
Este caso representa una grave violación de derechos humanos, ya que impide que Luz, cuyo embarazo es resultado de una violación, reciba el acompañamiento y cuidado esencial de su madre en un momento crítico para su salud física y emocional. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como CIMUDIS, Fòs Feminista, Women Enabled International y Women’s Link Worldwide, han exigido que el Estado garantice la protección adecuada de Luz y que se respeten sus derechos, así como los de su madre.
El embarazo de Luz pone en riesgo su vida debido a su discapacidad, su edad y las condiciones de salud relacionadas. Aunque ya se ha emitido una orden de captura contra el presunto agresor, este sigue en libertad, lo que subraya la falta de acción efectiva para apresar a quien cometió este abuso.
Cifras alarmantes sobre la violencia sexual y el embarazo adolescente en República Dominicana subrayan la magnitud de este problema:
El 65 % de los adolescentes dominicanos entre 15 y 17 años han sido víctimas de violencia sexual, según datos de UNICEF (2022).
En 2022, el Ministerio de la Mujer atendió a 133,772 víctimas de violencia de género, de las cuales el 67 % eran menores de edad, siendo el 13.5 % casos de violencia sexual.
A pesar de una reducción en el embarazo adolescente en los últimos cinco años, en 2023 se registraron 11,275 embarazos de adolescentes, de los cuales 1,708 corresponden a adolescentes de 15 años o menos.
Manuel Meccariello, director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados, pide a las autoridades que no solo garanticen el derecho de Flor a acompañar y cuidar a su hija, sino que además tomen medidas decisivas para proteger a todas las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, especialmente aquellas con discapacidades, y aseguren su acceso a servicios de salud y justicia adecuados.
«Este caso es un recordatorio de la necesidad de políticas públicas que garanticen la justicia y la dignidad para las niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad», expresó Manuel Meccariello.
