SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público informó este domingo que depositó en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional acusación formal contra Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), y otros 16 supuestos implicados en la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
La acción de la Procuraduría se pruduce casi tres años después de que la denuncia fuera publicada por Diario Libre en noviembre del 2016.
El procurador, Jean Rodríguez, aseguró tener todas las pruebas de lo que llamó “fraude colosal”, por lo que subrayó estar preparado “para procurar justicia”, destacando que su despacho cuenta con 52 testigos y con más de 600 pruebas obtenidas con orden judicial que vinculan a estas 17 personas en una larga lista de delitos.
Según una nota de prensa del Ministerio Público, se solicitó que se dicte auto de apertura a juicio “acogiendo en su totalidad la acusación presentada en contra de los encartados por los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.
El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), los acusa además de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
“Durante la investigación de este caso de corrupción fueron encontradas pruebas suficientes y con méritos para que los encartados sean enviados a juicio de fondo, ya que las mismas los vinculan a la venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos, mediante maniobras fraudulentas en la que resultaron estafadas miles de familias residentes en ese populoso sector”, destaca la nota de prensa que informó del asunto.
El comunicado resalta que, para probar los hechos delictuales cometidos por los imputados de este proceso, el Ministerio Público “llevó a cabo una extensa labor de investigación en el orden testimonial y documental”.
Entre el medio centenar de testigos figuran “funcionarios públicos de diferentes instituciones, moradores del sector Los Tres Brazos en calidad de víctimas, peritos, técnicos, agrimensores, agentes policiales y toda persona con información útil sobre el proceso”.
Sobre las “más de 600 pruebas documentales” dijo que hay “experticias caligráficas y documentales realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), análisis financieros y societarios de cada uno de los imputados y empresas imputadas”.
Estas pruebas fueron obtenidas y clasificadas por “especialistas en el área y basados en informaciones obtenidas del sistema financiero con orden judicial”, advierte.
También se cuentan “certificaciones de cada documento o información que reposa en instituciones públicas o privadas necesaria para acreditar los hechos, así como peritajes informáticos realizados por el INACIF a más de cien equipos informáticos ocupados en allanamientos realizados a los imputados también con orden emanada de un tribunal”.
A falta de una sentencia de culpabilidad, el Ministerio Público advierte que las pruebas documentales y materiales fueron obtenidas ”con el más estricto apego al debido proceso de ley y respeto de los derechos fundamentales de los encartados”.
“Más allá de toda duda razonable”, añade, es incuestionable “la culpabilidad en la comisión de los delitos contra el patrimonio público de los que son acusados por este colosal fraude inmobiliario, uno de los más graves, masivos y complejos ocurridos en el país”.
La acusación establece que estos funcionarios públicos (exdirectivos de CORDE, la ex directora nacional del Registro de Títulos y dos agrimensores) “se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano vendiendo todo un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a precios pírricos a un grupo de empresarios agrupados en la compañía INFEPA”.
Refiere que éstos últimos “tenían expectativas de obtener ganancias por miles de millones de pesos resultado de revender la infraestructura pública y privada desarrollada en el sector, valiéndose de maniobras fraudulentas (estafa) en perjuicio del Estado y el pago de beneficios indebidos en forma de sobornos”.
Procurador asegura están preparados para procurar justicia
El procurador general de la República afirmó que harán los mayores esfuerzos para que este hecho no quede impune y dijo que “todo aquel, sea quien sea, que haya infringido la ley, tendrá que enfrentar las consecuencias”.
“Los que queremos un país mejor somos más y más fuertes que quienes lo traicionan. Creo en nuestra nación y creo en la voluntad de su gente. Igual que en otros casos, seguiremos trabajando, sin miedo y sin tregua, para que estos imputados sean enviados a juicio de fondo. El Estado dominicano y las familias del sector Los Tres Brazos pueden estar seguros de ello”, sostuvo Jean Rodríguez.
Los 17 acusados
El órgano judicial acusó de incurrir en esa actividad ilícita a Leoncio Almánzar Objío y a los exfuncionarios de CORDE Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
También a Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de INFEPA, y los miembros de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC.
Asimismo, los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, y Lisetel González, quien está acusado de haber prestado su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de CORDE.
Igualmente, fueron acusadas las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas SIDENET S.R.L., Inversiones Fernández Parache y Asociados, S.R.L (INFEPA), TITULATEC S.R.L y Tekknowlogic Dominicana S.R.L.
