Santo Domingo. — La educación es un derecho fundamental garantizado por la Constitución de la República Dominicana y un compromiso ineludible del Estado y los gobiernos locales. Sin embargo, aún persisten grandes desafíos para asegurar el acceso equitativo y de calidad a la educación pública para todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna.
El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables, dirigido por el comunicador Manuel Meccariello Cádiz, hace un llamado a las autoridades a reforzar los mecanismos que garanticen la obligatoriedad e inclusión de la educación en todos los niveles, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Constitución. Esta disposición reconoce la educación como un derecho fundamental y una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia, estableciendo que el Estado debe asegurar una educación pública gratuita y obligatoria en los niveles inicial, básico y medio.
Infraestructura y espacios adecuados
Reconocemos la gran cantidad de edificaciones escolares existentes en el país y las que han sido construidas recientemente. No obstante, resulta alarmante que aún existan lugares donde niños, niñas y adolescentes toman clases a la intemperie, bajo árboles y sin condiciones mínimas. Esta realidad evidencia la urgente necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura educativa para garantizar entornos seguros y adecuados de aprendizaje.
Educación inclusiva: una deuda pendiente
El Observatorio también destaca la urgencia de fortalecer la educación inclusiva en la República Dominicana. La ausencia de programas especializados, recursos adecuados y formación docente continua sigue siendo una barrera para que niños, niñas y adolescentes con discapacidades o condiciones de salud particulares puedan acceder a una educación en igualdad de condiciones.
Es fundamental que estos estudiantes, incluidos aquellos con autismo, sean plenamente integrados en las escuelas tradicionales. Esta inclusión les permite desarrollar habilidades sociales y académicas comunes que les facilitarán su participación activa y digna en la sociedad una vez egresen del sistema educativo.
La integración en entornos escolares regulares fomenta la empatía, la diversidad y el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, para que esta inclusión sea efectiva, es necesario adaptar el entorno y el currículo a las necesidades individuales, ofreciendo apoyos adecuados como terapias especializadas, materiales accesibles y ajustes razonables en el aula.
“La educación privada para estudiantes con necesidades especiales continúa siendo excesivamente costosa en el país, lo que limita las oportunidades para muchas familias de escasos recursos”, denunció Meccariello.
Asimismo, en el ámbito universitario, urge implementar políticas que garanticen la inclusión de jóvenes con discapacidad, como la provisión de intérpretes de lengua de señas para estudiantes sordos. Estos servicios deben ser cubiertos por las instituciones y no representar un gasto adicional para el estudiante, quien ya debe asumir el pago de la matrícula universitaria.
“Ningún niño debe quedar fuera del sistema educativo por razones de discapacidad, género, origen étnico o condición socioeconómica. El derecho a la educación es universal y debe garantizarse sin discriminación”, subrayó el director del Observatorio.
Urgencia de políticas públicas efectivas
Para hacer efectivo este derecho, es fundamental que las autoridades implementen políticas públicas que promuevan una mayor inversión en el sector educativo, mejoren la formación de los docentes y eliminen las múltiples barreras que aún impiden el acceso a una educación pública de calidad. Nuestro país cuenta con un 4 % del presupuesto nacional destinado al sector educativo, lo que significa que existen recursos económicos suficientes que deben ser redistribuidos de manera urgente hacia las necesidades básicas del sistema. Esta redistribución adecuada garantiza una educación de excelencia para todos los niños, niñas y adolescentes, incluyendo mejores condiciones laborales y beneficios para nuestros maestros y maestras, así como programas permanentes de formación y capacitación docente.
“La educación es la base del desarrollo de cualquier nación. Si no garantizamos el acceso equitativo, estamos condenando a las futuras generaciones a un ciclo de desigualdad y exclusión”, concluyó Meccariello.
