La seguridad ciudadana constituye el principal desafío para los gobiernos de América Latina y la región del Caribe ante los efectos negativos que ha dejado la crisis post covid, el cual alteró el ritmo no solo de vida de la población en el aspecto psicológico, sino también en el aspecto social y de convivencia.
Durante el Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-Covid en América Latina, realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los expositores de los ocho países participantes manifestaron la preocupación que tienen sus respectivos gobiernos para encarar un problema que se ha convertido en un tema de agenda, no solo en la región sino en sus respectivas naciones.
El director de Seguridad y Policía Municipal de San José, Costa Rica, Marcelo Solano, afirmó que en el caso de su país los homicidios por razones de convivencia superan el 66 por ciento y los que son por hechos delictivos más del 20%, lo que evidencia que hay que reforzar las estrategias en la región, para tener una sociedad más tolerante y pacífica.
En tanto que el exbrigadier general de la Policía de Colombia, Luis Ernesto García Hernández, abogó para que en los países de la región se establezca un modelo de gestión pública que incluya planificación estratégica, coordinación institucional, fuentes de recursos, normatividad, información, seguimiento y control.
Mientras que, el comisionado de la Policía hondureña, David Ortega Pagoaga, advirtió que sin el consentimiento político no se podrían aplicar las reformas necesarias en los cuerpos policiales.
Este evento internacional ha contado con amplios debates en cinco paneles y una conferencia magistral sobre el rol de la justicia en la seguridad ciudadana a cargo del experto chileno con doctorado en Harvard, Hugo Frühling Ehrlich.
De su lado, el mexicano Miguel Garza Flores, especialista en reforma policial, consideró que la seguridad ciudadana debe incluir el desarrollo social, deportes, la participación de las iglesias, líderes sindicales, educadores y otros sectores representativos de la comunidad.
Por el lado dominicano, el experto en Defensa y Seguridad Nacional, Ricardo Nieves, indicó que el país necesita una ley general de crimen organizado. Señaló que los valores de la sociedad están socavados y que se han caído los rituales de la convivencia pacífica.
Asimismo, Rosa Alcántara, Cándido Mercedes y Servio Tulio Castaños Guzmán coincidieron en que todos los actores sociales del país deben unir fuerzas por el bien de la nación. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), fue más específico al manifestar que se hace necesario un pacto y que el que no lo quiera es porque no ama a la República Dominicana.
Otros aspectos sobre la seguridad ciudadana en la región fueron tratados la mexicana Salomé Flores Sierra Franzoni, el chileno Patricio Tudela Poblete y la docente en Justicia Criminal Liliam Bobea, quienes analizaron la influencia de las armas de fuego, la migración y las drogas, la convivencia y la familia en América Latina, la participación de la sociedad civil, así como la reforma policial.
