Este fin de semana se registró un hecho que causó terror: la explosión de un coche bomba en una zona habitacional de la colonia 5 de septiembre, en Irapuato, en el estado de Guanajuato.
De acuerdo con testigos, varios hombres llegaron al lugar y abandonaron una camioneta tipo SUV modelo reciente de la marca Honda con material explosivo en la parte trasera. Al momento de estallar, la onda expansiva afectó varias viviendas, sin que se registraran personas lesionadas.
Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardaron el lugar, ante la posibilidad de que hubiera granadas de fragmentación.
Sophía Huett, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del estado, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que en el automóvil había dos granadas, de las cuales una se accionó y provocó la explosión.
“En términos prácticos, detonó una granada; había dos al interior del vehículo, una de ellas se accionó”, explicó.
En la zona opera el cártel de Santa Rosa de Lima, que se dedica principalmente al robo de combustible (huachicoleo), por lo que otros grupos delincuenciales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), intentan arrebatarle el control de “la plaza”, lo que ha derivado en un incremento de la violencia en toda la entidad.
En tanto, este fin de semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, apoyados por elementos de la Guardia Nacional, localizaron una fosa clandestina con más de 16 bolsas con restos humanos en la comunidad de San Antonio el Rico, también en Irapuato.
Peritos de la fiscalía trabajan en el lugar clasificando los restos y se espera que en menos de 48 horas se pueda determinar el número de cuerpos que fueron enterrados clandestinamente en el lugar.
Por otra parte, las autoridades estatales informaron que 10 de los jóvenes levantados durante la madrugada del miércoles de un anexo, también ubicado en Irapuato, fueron liberados y muestran huellas de maltrato.
El fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa, señaló que algunos de los internos del anexo fueron interrogados por un grupo armado para saber detalles de la distribución de drogas en el municipio.
En rueda de prensa, el fiscal explicó que hay imprecisiones en los datos que tenía este anexo sobre los internos; la Fiscalía estatal detectó con certeza 23 nombres, pero el número de personas podría ser entre 26 y 30.
